La gestión ambiental en el discurso político

Sonia Rosales Romero*

Los nuevos estilos de vida y modelos de producción traen consecuencias imprevistas y daños al medio ambiente que requieren decisiones emergentes y una profunda transformación de las instituciones. El Estado debe asumir los problemas con políticas ambientales que involucren a todos los sectores de la sociedad, con un discurso sostenido en una estructura informativa sólida, que de un significado real a los acontecimientos globales y locales. El derecho a la información es un signo de la democracia de un país o, de forma más específica, es el hilo conductor hacia lo que Víctor M. Toledo (2003) describe como democracia participativa, que garantiza que las decisiones sean tomadas de manera directa y colectiva. El reconocimiento de la problemática del medio ambiente no es sólo una cuestión de percepción, intervienen procesos comunicativos y ciertas condiciones contextuales que pueden ser producidas por los discursos de los funcionarios y partidos políticos.

Referentes contextuales de la gestión ambiental en México

Los asuntos ambientales requieren de una acción conjunta entre la sociedad, el sector público y el sector privado. La gestión sectorial del ambiente con frecuencia tiene un carácter secundario y carece del enfoque holístico que se requiere para un mejor funcionamiento. Por ese motivo, el gobierno se ha planteado como objetivo la consolidación de la coordinación interinstitucional para el desarrollo de políticas públicas integradas, enfocadas a la sustentabilidad y al desarrollo de México, además de asegurar la incorporación de criterios ambientales en la Administración Pública Federal. La gestión ambiental[1] otorga competencias a todas las dependencias gubernamentales y no sólo a la encargada del medio ambiente; sin embargo, en la práctica las acciones de gestión ambiental del sector público se han encontrado desvinculadas, a pesar de las intenciones de algunas administraciones por sumar esfuerzos. Sobre este asunto, Raúl Brañes (2000) apunta la necesidad de una gestión transectorial, es decir, una gestión integral del ambiente, ya que algunos sectores por tradición han ejercido funciones relacionadas con algunos aspectos ambientales que no deberían concebirse por separado, sino en conjunto con sus procesos de interacción.

La falta de disposición de los diferentes sectores para una instrumentación efectiva de la gestión ambiental representa un obstáculo que marca “un contexto sumamente adverso para integrar y coordinar políticas, en particular si se considera la fragmentación de la acción gubernamental y el hecho de que la gran mayoría de los problemas ambientales ocurren en los sectores ‘no-ambientales’ de la administración pública: agricultura, industria, hacienda y desarrollo urbano, entre otros” (Provencio, 1997: 16). La sectorización de las acciones gubernamentales también se refleja en el discurso político, los asuntos ambientales son difundidos en los medios de comunicación como atribuciones exclusivas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones dependientes de la misma.

Los principales signos de ineficiencia de los esquemas de la gestión ambiental que han prevalecido en los recientes gobiernos se resumen en los siguientes aspectos (Semarnat, 2001):

Dispersión y sectorialidad de la gestión ambiental; Rezago normativo; Marginación presupuestal; Coordinación insuficiente con estados y municipios; Ausencia de integración de políticas; Información ambiental insuficiente; Investigación ambiental limitada.

A los anteriores problemas estructurales de la gestión ambiental, agregaríamos uno muy importante: la necesidad de promover en forma activa la participación social no sólo mediante cambios jurídicos que la consideren, sino también con una reconceptualización de lo que significa la ciudadanía. Es necesario cambiar la idea de los ciudadanos conformistas que tienen la convicción que nada se solucionará con su participación, por la concepción que refiere a personas capaces de participar en la generación y aplicación de las decisiones que afectan su vida cotidiana (Brañes, 2000).

Por otro lado, ha faltado correspondencia en algunos diagnósticos elaborados y las propuestas de acción o programas vigentes. La política ambiental mexicana ha registrado avances en cuestiones de claridad y suficiencia, pero su mayor problema no sólo se circunscribe a su formulación, sino también a su aplicación y a su escasa presencia en las acciones gubernamentales generales. La ejecución de los programas y la regulación de los asuntos ambientales no cumplen con los objetivos planteados en su diseño y no muestra acciones coordinadas con la sociedad en general (Brañes, 2000).

El discurso político

De acuerdo con Francisco Garrido (1997: 313-315), las políticas ambientales[2], que presentan marcadas diferencias entre el discurso y la práctica, siguen diversidad de líneas de acción para responder a la problemática ambiental:

   a) Tecnocráticas-productivistas: Se basa más en la gestión privada que en la pública y por eso da mayor relevancia a la investigación, la innovación tecnológica o a los mecanismos económicos, que a la legislación, a las acciones políticas o a las instituciones públicas.

   b) Administrativistas: Fortalecen la intervención del poder político por vía legislativa o administrativa para la resolución de los problemas ambientales. Desconfía de las acciones del mercado y de la sociedad civil y se enfoca en las prohibiciones y en el aumento de competencias del sector público. Funcionan como políticas de corrección (por medio de sanciones) y de planificación.

   c) Alternativas: Pretende la ambientalización del sistema (democracia y desarrollo sostenible) y la construcción de estrategias alternativas en el plano cultural y ético (promueve campañas de desarrollo de la conciencia social).

Estas tres líneas de acción orientan los discursos de los funcionarios sobre las estrategias de solución para los problemas ambientales[3]; sin embargo, este sector insiste, de forma prioritaria, en la necesidad de fortalecer el marco jurídico en este rubro. Si las apuestas se dirigen a las soluciones regulatorias, es necesario enfocar las políticas ambientales al establecimiento de eficaces mecanismos de vigilancia y cumplimiento de las leyes.

La legislación ambiental constituye una de las herramientas de la gestión ambiental. Al respecto, Gabriel Quadri (1997) sostiene que una de las dificultades centrales es su asociación con los procesos que causan los problemas ambientales y el decidir los niveles de restricción de algunas actividades para obtener resultados satisfactorios. En esto, sin duda, influye la forma de percibir la realidad ambiental tanto de la sociedad como de los responsables de legislar y de diseñar los programas de medio ambiente. Brañes (2000: 32) asegura que la eficiencia de la norma jurídico-ambiental depende de su vinculación con una correcta evaluación de los factores sociales que intervienen en la relación sociedad-naturaleza y por eso cuando no se consideran estos efectos “el derecho ambiental, en muchos casos, termina siendo poblado por normas que son socialmente ineficientes y que por lo mismo, tienen una existencia sólo formal”. Aunado a esto, podemos mencionar la falta de reglamentos que regulen de forma específica algunos asuntos ambientales y la controversia que han causado ciertas legislaciones como la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, publicada el 18 de marzo de 2005, debido al desconocimiento en torno a esta temática.

Carlos F. Lascurain (2006) señala algunas características generales que influyen en los discursos del sector gubernamental encargado del medio ambiente:

    La gestión ambiental se ha transformado en una función que compete de manera principal al Estado, que, por su magnitud, es el principal agente encargado de resguardar, preservar e incluso restaurar y rehabilitar nuestro entorno natural. La falta de dinamismo y poca influencia de la sociedad civil en el modelo administrativo ha propiciado que las instituciones gubernamentales no satisfagan las necesidades reales de la problemática ambiental.

    El Estado es el principal promotor de la investigación científica, de la tecnología, de la productividad agrícola, de la industrialización y de la expansión económica, a través de su acción legislativa, fiscal y de gasto público.

    Para evitar la degradación ambiental es indispensable que en la administración y gestión de los asuntos ambientales se asegure la participación de la comunidad científica, académica y de la sociedad civil.

    Para lograr que la administración pública del medio ambiente atienda las necesidades y demandas de la sociedad que conforma al Estado democrático, es indispensable que se muestre abierta, receptiva y dispuesta a captar las inquietudes de la sociedad, conforme con las normas, reglamentos y leyes que impidan el deterioro del medio ambiente.

    Uno de los problemas de la administración del medio ambiente es la omisión de lineamientos de seguimiento de programas, políticas o proyectos ambientales en los niveles estatal y municipal.

    El deterioro ambiental hace imprescindible una gestión ambiental adecuada y basada en criterios de efectividad, eficiencia y equidad, que esté ajena a falsas propuestas políticas.

Los discursos de los funcionarios revelan con frecuencia escasos datos sobre la situación actual del medio ambiente y sobre los beneficios e impacto ambiental de algunos proyectos de infraestructura. Si el estado pretende la resolución compartida de los problemas ambientales en espacios de confianza y colaboración entre sociedad y gobierno, es indispensable el fortalecimiento de los instrumentos de acceso a la información. La creación de sistemas de información ambiental seguirá resultando insuficiente para ese propósito, hasta que este sistema estructure mecanismos adecuados de difusión de sus productos de análisis, entre los que se debe integrar la participación de los medios de comunicación masiva, que tienen la responsabilidad de utilizar esta fuente de información ambiental, a fin de presentar a la sociedad más elementos de comparación y análisis que les permitan una participación corresponsable en la conservación y cuidado del medio ambiente.

En cuanto a la incorporación de la dimensión ambiental en los planteamientos discursivos de los partidos políticos, Gabriel Quadri y Enrique Provencio (1995) describen algunos aspectos que nos indican la forma en que este sector significa lo ambiental:

    Ha sido insuficiente la incorporación de la cuestión ambiental en las propuestas partidistas por la falta de una visión de largo plazo en las organizaciones políticas.

    La labor partidista ha estado dominada por la denuncia y las acciones reactivas, sin la construcción de alternativas que respondan a las demandas ciudadanas.

    Aunque se ha incrementado la competitividad electoral, ha prevalecido la debilidad estructural del sistema de partidos y su baja credibilidad ante la población. Esto ha dificultado la participación ciudadana en la definición de estrategias y ha impedido el establecimiento de los canales internos que permitan captar y procesar el sentir social a través de sus programas.

    Los “partidos verdes” han dejado de ser uno de los principales protagonistas de las iniciativas ecológicas. Los demás partidos políticos se percataron de que la crisis ambiental en el mundo requería estrategias múltiples y no sólo ecológicas.

    La negociación y construcción de acuerdos colectivos en torno a la cuestión ambiental se ha visto obstaculizada por la ineficacia en la operación de los mecanismos de representación partidista y la falta de formas efectivas para la creación de estrategias.

    Se ha postergado la adopción de un planteamiento claro sobre el tema ambiental por parte de los partidos políticos, al no trascender la simple percepción negativa del problema. Ha prevalecido una visión fragmentada y parcializada de los problemas, lo que ha impedido formular alternativas consistentes.

    Se ha observado un creciente desarrollo en las investigación nacional sobre la crisis ambiental y un mayor conocimiento sobre los alcances mundiales del deterioro; sin embargo, la falta de conexión entre los partidos y los resultados de las nuevas investigaciones, dificultan a los dirigentes de los partidos el conocimiento sobre la realidad ambiental, lo que retrasa la percepción amplia de los problemas.

    La falta de capacidad propositiva de los partidos políticos en el diseño de instituciones, leyes, normas, políticas y programas, ha originado que el Poder Ejecutivo Federal asuma todas las iniciativas en ese sentido.

En el discurso de los políticos y funcionarios están casi ausentes indicadores en los que se visualice a la educación ambiental como un proceso a través del cual se forme una ciudadanía crítica, propositiva y participativa; a pesar de que en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 se precisa que “la educación ambiental es fundamental para el proceso de desarrollo humano sustentable, al contribuir a la formación de ciudadanos conscientes de su contribución a los procesos de degradación del medio ambiente y comprometidos con la protección, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”. En su discurso, el sector político ha otorgado a la legislación y a la gestión ambiental la responsabilidad de la transformación de la sociedad en su relación con el medio ambiente. La comunicación y educación ambiental han sido incorporadas a los programas sin proyectarse como estrategias prioritarias y sin plantear acciones concretas que garanticen la intervención de todos los sectores de la sociedad.

A manera de conclusión

La pluralidad de discursos de los funcionarios y partidos políticos debería marcar el camino hacia una visión crítica de lo ambiental, en lugar de ser origen de imprecisiones. La difusión parcial de información resta transparencia a las acciones gubernamentales. La información es un valioso instrumento para formar sociedades críticas; siempre y cuando, aprendamos a utilizar lo teórico como aparato analítico que nos permita hacer nuevas lecturas de la realidad (González, 2007).

La idea de competencia ha sido respaldada a cualquier costo, incluso de injusticias sociales y de la explotación irracional de recursos. El panorama ambiental global y local es reflejo de las nuevas actividades productivas y de desarrollo, así como de los patrones de consumo desmedido regidos por los actuales estilos de vida. La significación social de la realidad ambiental está influenciada en gran medida por los discursos, por eso es indispensable promover la participación social en la toma de decisiones, a través de eficaces estrategias de comunicación y educación ambiental; además de fortalecer el compromiso del sector político de dirigir nuestro rumbo hacia una mayor justicia social y no hacia la incertidumbre.

Bibliografía

Brañes, Raúl (2000) Manual de derecho ambiental mexicano. México: Fondo de Cultura Económica.

Garrido Peña, Francisco (1997) “Las ecopolíticas”. En Ballesteros, Jesús y Pérez Adán, José (editores) Sociedad y medio ambiente. España: Trotta.

González Gaudiano, Edgar (2007) Educación ambiental: trayectorias, rasgos y escenarios. México: Plaza y Valdés.

Lascurain Fernández, Carlos F. (2006) Análisis de la política ambiental. Desafíos institucionales. México: Plaza y Valdés.

Provencio, Enrique (1997) “Oportunidades de integración de instrumentos y políticas en la planeación ambiental”, en Semarnap e Instituto Nacional de Ecología (1997) Economía ambiental. Lecciones de América Latina. México. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Quadri de la Torre, Gabriel y Provencio Durazo, Enrique (1995) Partidos políticos y medio ambiente. México: El Colegio de México.

Quadri de la Torre, Gabriel (1997) “Teoría y práctica en política ambiental y uso de instrumentos económicos”, en Semarnap e Instituto Nacional de Ecología. Economía ambiental. Lecciones de América Latina. México: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Toledo, Víctor M. (2003) Ecología, espiritualidad y conocimiento, de la sociedad del riesgo a la sociedad sustentable. México: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Universidad Iberoamericana, Puebla.

Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2007-2012, México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Semarnat (2001) Programa nacional de medio ambiente y recursos naturales 2001-2006, México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

* Licenciada en Periodismo y Maestra en Educación con Campo en Educación Ambiental.

Esta investigación fue presentada en el taller Educación Ambiental en la Gestión y Políticas Públicas, del VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, como parte de la tesis de grado de la Maestría en Educación con Campo en Educación Ambiental titulada Análisis de los discursos ambientales en la prensa escrita de la Ciudad de México. Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 095, Azcapotzalco Octubre, 2008.

1. “La gestión ambiental es el conjunto de las actividades humanas que tienen por objeto el ordenamiento del ambiente. Sus componentes principales son la política, el derecho y la administración ambientales” (Brañes, 2000: 117).
2. “La política ambiental es el conjunto de acciones que se diseñan para lograr la ordenación del ambiente” (Brañes, 2000: 176).
3. Las propuestas de solución a los problemas ambientales, derivadas del sector gubernamental, comienzan a estar orientadas no sólo a detener o aminorar el deterioro ambiental, ahora se promueven las medidas de adaptación a través de mecanismos de prevención, basados en la detección de vulnerabilidad ante las amenazas de los efectos ambientales.